El PP no garantiza el castellano en sus feudos
Si Francisco Caja, presidente de Convivencia Cívica Catalana --una de las entidades más beligerantes a favor del derecho a estudiar en castellano en Catalunya--, quisiera que su hijo recibiera todas las clases en español, su gozo no obtendría recompensa. Pero ni en Catalunya ni en cualquier otra comunidad autónoma que tenga una segunda lengua cooficial. Es decir, tampoco lo conseguiría en el País Vasco, Galicia, Baleares o la Comunidad Valenciana.
Concretamente en estas tres últimas autonomías se da una interesante circunstancia. El empleo del gallego y el catalán (o valenciano) como lengua vehicular de la enseñanza no universitaria ha sido promulgado o fortalecido por gobiernos del PP, partido que ahora ha suscrito el manifiesto promovido por UPD en defensa de la preeminencia del castellano al ser la "lengua común".
LEYES Y DECRETOS
"Las lenguas cooficiales autonómicas deben figurar en los planes de estudio de sus respectivas comunidades en diversos grados de oferta, pero nunca como lengua vehicular exclusiva", señala el manifiesto. En cambio, las respectivas leyes y los numerosos decretos implantados en las comunidades gallega, balear y valenciana repiten sin excepción que sus idiomas autóctonos son los vehículos de comunicación en las aulas, estableciendo en todos los casos cuotas e, incluso, una serie de asignaturas que deben impartirse en dichas lenguas.
El caso más paradigmático es el de la Comunidad Valenciana, donde el PP ha impulsado hasta tres programas educativos distintos, pero todos con una importante presencia del valenciano en las aulas. Además, el Ejecutivo de Francisco Camps --quien explicitó su apoyo al manifiesto por el español-- presume de las cifras de escolarización en valenciano, cuya tendencia al alza es constante desde hace 25 años.
MITAD Y MITAD
En Baleares y Galicia no gobierna actualmente el PP. Pero cuando Jaume Matas y Manuel Fraga eran sus respectivos presidentes, se responsabilizaron, a través de sendos decretos, de que hoy por hoy los estudiantes de esas comunidades reciban al menos la mitad de las clases en sus lenguas autonómicas, concretando también las materias que se cursarán en catalán o en gallego.
Un hecho que chirría al lado de una premisa del manifiesto de UPD según la cual "las lenguas cooficiales no tienen el derecho a imponerse como prioritarias en la educación en detrimento del castellano".
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