Coronavirus: Unidos venceremos.

[Dave1982]

Muy buenos los memes de los negros del ataúd

[Mario Alberto]

[Storg]

De lo mejor que he leído estos dias (huelga decir que no he entendido casi nada).

[ATV]

Os cabreáis porque queréis.

Nuestro molt honorapla Puig nos aconseja que veamos porno "feminista"...

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[lFran]

Os cabreáis porque queréis.

Nuestro molt honorapla Puig nos aconseja que veamos porno "feminista"...

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Eso es un bulo porque... porque... bueno, no sé por qué, pero ahora te lo explica Parrafitos, que está recibiendo instrucciones del Partido.

[lFran]

Irena Montera ha vuelto a dar positivo en coronavirus. ¿Cuántos tests se ha hecho ya la paleta asquerosa esa y para qué tantos? Que me digas que el presidente del Gobierno o el ministro de Sanidad (si fuera alguien relevante, no un filósofo) tienen prioridad para hacerse el test, vale, pero ¿la menestra de Igualdad, un ministerio del que en otros países se ríen? Venga ya.

[ATV]

¿En serio nadie va a dimitir por estas NEGLIGENCIAS? Sólo espero responsabilidades penales para los responsables de que seamos el país con la mayor tasa de muertos.

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[garrigos6]

Y lo que más increíble es que estando ya el tiempo que llevamos encerrados, siguen habiendo un porron de contagios y ídem con los muertos. Algo se está haciendo mal o nos mienten.

Enviado desde mi POCOPHONE F1 mediante Tapatalk

[Mario Alberto]

Y lo que más increíble es que estando ya el tiempo que llevamos encerrados, siguen habiendo un porron de contagios y ídem con los muertos. Algo se está haciendo mal o nos mienten.

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O las dos cosas

[CHEJOV]

Ya y sin temor a equívoco se están haciendo mal las dos cosas.
No han cesado ya al Jefe de Logística de compra de material sanitario?

[KILU]

Es que, que nos suelten, en su sermón diario, que ni ellos mismos controlan los datos debería ser motivo suficiente para dimitir inmediatamente después. Es acojonante lo que está pasando y lo que no está pasando.

[RatoLi]

Entrevista de hoy en Las Provincias.
No es un mindundi quien habla, lo hace un Catedratico en Derecho Constitucional.


«Estamos en un estado de excepción disfrazado como si fuera de alarma»

El catedrático de Derecho Constitucional, Carlos Flores Juberías. / LP
El catedrático Carlos Flores: «Me preocupa el ordenamiento jurídico, si estas nuevas normas seguirán cuando desaparezca la emergencia»
Héctor Esteban
Valencia
Viernes, 17 abril 2020, 10:16
36
Carlos Flores Juberías (Valencia, 1964) cumple confinado en su casa junto a su hijo, guarda cuarentena y teletrabaja. «Pero estar confinado no significa estar callado», apunta este catedrático de Derecho Constitucional. Está sorprendido de muchas de las medidas tomadas por el Gobierno y lamenta la escasa reacción de parte del mundo académico que parece que callan por el simple hecho de que las medidas las toma un Ejecutivo de izquierdas.

–¿Vivimos en un estado de alarma o de excepción?

–Cada día que pasa es más evidente que vivimos en un estado de excepción bajo la apariencia de uno de alarma. Aunque en un principio el hecho causante cuadraba con la hipótesis de un estado de alarma por una pandemia, el hecho es que las medidas que se han tomado y cada vez más, con cada nuevo decreto, son de un estado de excepción, donde hay derechos limitados como la libertad de circulación. Incluso se ha suspendido el derecho al voto (elecciones gallegas y vascas) que ni siquiera caben en un estado de excepción. La libertad religiosa, la praxis del culto, está de facto suspendida por acciones de las fuerzas policiales inspiradas desde arriba. Estamos en un estado de facto de excepción disfrazado como alarma y se suspenden los derechos sin las garantías recogidas. La declaración del estado de alarma no recoge un decreto de sanciones propio y se aplican las de las leyes. Existe indefinición y un grave atentado a la seguridad jurídica. El estado de excepción es más gravoso pero más garantista porque interviene el Parlamento que debate y vota las medidas, en una situación de alarma decide el Gobierno.

–El tema de las sanciones del confinamiento es uno de los más polémicos.

–Calcula que hablamos de 453.000 propuestas de sanción. Uno de cada cien españoles ya ha caído. ¿Recurrir? La Administración siempre tiene razón y no se lo aconsejo a nadie. Llega al límite de lo confiscatorio y no de lo disuasorio.

–¿El Gobierno ha actuado desde la improvisación o desde el desconocimiento?

–La pandemia ha cogido a todos de improviso. Ahora bien no es menos cierto que un gobierno debe anticiparse. Cuando todo se utiliza como excusa para incrementar sus atribuciones estamos ante una coartada. Pedimos el estado de alarma y gobernamos por decreto. Si lo hubieses previsto un mes antes se hubiera hecho de otra manera. A mí los gobiernos que esperan al último minuto para tomar decisiones y argumentan esa urgencia me parecen tramposos e ineficaces. Hay un nivel preocupante de hostigación, cada día se dice una cosa. En el ámbito normativo vemos una estrategia premeditada de testar los límites de tolerancia de la ciudadanía en las políticas de control.

–¿A qué se refiere?

–Cuando aparece el ministro de Justicia y dice que están estudiado el internamiento de los asintomáticos. Lo que hace es soltar un globo sonda, ver qué se dice y en función de eso se decide. El ministro del Interior aparece también monitorizando las redes en busca de mensajes de odio. Otro globo sonda para ver las reacciones sobre un primer intento del control informativo. Hay improvisación pero también una estrategia metódica para introducir en el debate propuestas de limitación de los derechos de manera gradual.

–¿Jurídicamente cómo se puede articular una desescalada que parece que no va a ser para todos igual?

–Se van a plantear interrogantes de criterio. Pero qué hacemos, que salgan los trabajadores a la calle y se queden niños y ancianos. ¿Lo hacemos por necesidad? ¿Los niños antes? Jurídicamente necesitas articular un mecanismo defendible, no puedes discriminar por su edad. A mí lo que me preocupa es el desconfinamiento jurídico. El Gobierno ha aprobado una serie de normas que modifican el ordenamiento jurídico, el sistema de libertades, la transparencia. La pregunta es si cuando salgamos de la emergencia médica esas normas van a desaparecer. Somos un país que hemos tenido códigos provisionales durante décadas.

–Lo normal es que sean temporales.

–Sería lo normal pero a los gobiernos a veces se les olvida que la situación de anormalidad ha terminado. El PSOE bramó contra la ley mordaza y ahora la está aplicando con absoluta tranquilidad. Cuando esto termine, el PSOE seguirá pidiendo que hay que derogar la ley de Seguridad Ciudadana o no, pues a lo mejor se le olvida. Las normas acaban quedándose y forman parte del ordenamiento. El PSOE echa la culpa de la falta de libertad al PP pero luego el beneficio lo recoge el que gobierna a continuación. PSOE y Podemos han logrado la adopción de una norma a un precio muy bajo. Entonces, ¿qué sentido tiene derogarla?

–¿La seguridad jurídica de los ciudadanos está garantizada con la geolocalización?

–La mejor garantía de que algo no pase es que no pueda pasar. Te dicen que todo es anónimo pero el dato lo tienen. Cuando algo técnicamente es posible, que sea jurídicamente imposible puede cambiar en cualquier momento. En un estado de derecho sólo se puede geolocalizar con una autorización judicial y por indicios de delito. Esto no lo puedes hacer con 47 millones de españoles y por las buenas. La pregunta no es sólo si es legal sino si es proporcional y no hay otra medida que pueda generar el mismo efecto sin limitación de los derechos. Saber si es indispensable y si se podía lograr lo mismo con otro mecanismo. El Gobierno se salta el test de constitucionalidad y de proporcionalidad de manera muy alegre.

–¿Es factible el desconfinamiento por autonomías?

–El estado de alarma señala que se establece en todo o en parte del territorio nacional, según el artículo 4, por lo que se podría derogar en parte. Se puede establecer una especie de control de movilidad intercomunitaria. Dudo que el Gobierno quiera hacerlo.

–¿La sociedad está a la espera, como si asumiera que es la situación que hora toca?

–España es un país donde los estándares de derechos y libertades son de los más elevados del mundo. Comparativamente altos y en cambio sufrimos la limitación de derechos más amplia. La reacción social ha tardado mucho en aparecer y entre determinados sectores académicos y jurídicos. Alguno empieza a decir que hay cosas indefendibles pero hay miedo entre la comunidad académica.

[lFran]

Es que se les ha ido de las manos. Hasta un bulldog de la progresía como Risto les está ladrando ya a sus amos. No sólo la gestión es negligente y penosa, la peor de Europa sin duda, sino que también se han saltado las leyes y los procedimientos como les ha dado la gana y encima el CIS ha cocinado de forma vergonzosa una encuesta de lavado de cara como recochineo. El que no se dé cuenta de esto es que ya está perdido del todo.

Aun así, tengo pocas esperanzas de que pase nada. Se cargarán a un par de pringaos como cabezas de turco, callarán las protestas a base de subvenciones a los medios y críticas a la “ejtrema derecha” y todos los ministros, vicepresidentes y el propio Pdr se aferrarán a su cargo durante el tiempo que quede de legislatura.

Es más: antes se rompe el Gobierno porque el PSOE reacciona y le para los pies al vicepresidente comunista que por el escándalo del coronavirus.

[nelo bacora]

Entrevista de hoy en Las Provincias.
No es un mindundi quien habla, lo hace un Catedratico en Derecho Constitucional.


«Estamos en un estado de excepción disfrazado como si fuera de alarma»

El catedrático de Derecho Constitucional, Carlos Flores Juberías. / LP
El catedrático Carlos Flores: «Me preocupa el ordenamiento jurídico, si estas nuevas normas seguirán cuando desaparezca la emergencia»
Héctor Esteban
Valencia
Viernes, 17 abril 2020, 10:16
36
Carlos Flores Juberías (Valencia, 1964) cumple confinado en su casa junto a su hijo, guarda cuarentena y teletrabaja. «Pero estar confinado no significa estar callado», apunta este catedrático de Derecho Constitucional. Está sorprendido de muchas de las medidas tomadas por el Gobierno y lamenta la escasa reacción de parte del mundo académico que parece que callan por el simple hecho de que las medidas las toma un Ejecutivo de izquierdas.

–¿Vivimos en un estado de alarma o de excepción?

–Cada día que pasa es más evidente que vivimos en un estado de excepción bajo la apariencia de uno de alarma. Aunque en un principio el hecho causante cuadraba con la hipótesis de un estado de alarma por una pandemia, el hecho es que las medidas que se han tomado y cada vez más, con cada nuevo decreto, son de un estado de excepción, donde hay derechos limitados como la libertad de circulación. Incluso se ha suspendido el derecho al voto (elecciones gallegas y vascas) que ni siquiera caben en un estado de excepción. La libertad religiosa, la praxis del culto, está de facto suspendida por acciones de las fuerzas policiales inspiradas desde arriba. Estamos en un estado de facto de excepción disfrazado como alarma y se suspenden los derechos sin las garantías recogidas. La declaración del estado de alarma no recoge un decreto de sanciones propio y se aplican las de las leyes. Existe indefinición y un grave atentado a la seguridad jurídica. El estado de excepción es más gravoso pero más garantista porque interviene el Parlamento que debate y vota las medidas, en una situación de alarma decide el Gobierno.

–El tema de las sanciones del confinamiento es uno de los más polémicos.

–Calcula que hablamos de 453.000 propuestas de sanción. Uno de cada cien españoles ya ha caído. ¿Recurrir? La Administración siempre tiene razón y no se lo aconsejo a nadie. Llega al límite de lo confiscatorio y no de lo disuasorio.

–¿El Gobierno ha actuado desde la improvisación o desde el desconocimiento?

–La pandemia ha cogido a todos de improviso. Ahora bien no es menos cierto que un gobierno debe anticiparse. Cuando todo se utiliza como excusa para incrementar sus atribuciones estamos ante una coartada. Pedimos el estado de alarma y gobernamos por decreto. Si lo hubieses previsto un mes antes se hubiera hecho de otra manera. A mí los gobiernos que esperan al último minuto para tomar decisiones y argumentan esa urgencia me parecen tramposos e ineficaces. Hay un nivel preocupante de hostigación, cada día se dice una cosa. En el ámbito normativo vemos una estrategia premeditada de testar los límites de tolerancia de la ciudadanía en las políticas de control.

–¿A qué se refiere?

–Cuando aparece el ministro de Justicia y dice que están estudiado el internamiento de los asintomáticos. Lo que hace es soltar un globo sonda, ver qué se dice y en función de eso se decide. El ministro del Interior aparece también monitorizando las redes en busca de mensajes de odio. Otro globo sonda para ver las reacciones sobre un primer intento del control informativo. Hay improvisación pero también una estrategia metódica para introducir en el debate propuestas de limitación de los derechos de manera gradual.

–¿Jurídicamente cómo se puede articular una desescalada que parece que no va a ser para todos igual?

–Se van a plantear interrogantes de criterio. Pero qué hacemos, que salgan los trabajadores a la calle y se queden niños y ancianos. ¿Lo hacemos por necesidad? ¿Los niños antes? Jurídicamente necesitas articular un mecanismo defendible, no puedes discriminar por su edad. A mí lo que me preocupa es el desconfinamiento jurídico. El Gobierno ha aprobado una serie de normas que modifican el ordenamiento jurídico, el sistema de libertades, la transparencia. La pregunta es si cuando salgamos de la emergencia médica esas normas van a desaparecer. Somos un país que hemos tenido códigos provisionales durante décadas.

–Lo normal es que sean temporales.

–Sería lo normal pero a los gobiernos a veces se les olvida que la situación de anormalidad ha terminado. El PSOE bramó contra la ley mordaza y ahora la está aplicando con absoluta tranquilidad. Cuando esto termine, el PSOE seguirá pidiendo que hay que derogar la ley de Seguridad Ciudadana o no, pues a lo mejor se le olvida. Las normas acaban quedándose y forman parte del ordenamiento. El PSOE echa la culpa de la falta de libertad al PP pero luego el beneficio lo recoge el que gobierna a continuación. PSOE y Podemos han logrado la adopción de una norma a un precio muy bajo. Entonces, ¿qué sentido tiene derogarla?

–¿La seguridad jurídica de los ciudadanos está garantizada con la geolocalización?

–La mejor garantía de que algo no pase es que no pueda pasar. Te dicen que todo es anónimo pero el dato lo tienen. Cuando algo técnicamente es posible, que sea jurídicamente imposible puede cambiar en cualquier momento. En un estado de derecho sólo se puede geolocalizar con una autorización judicial y por indicios de delito. Esto no lo puedes hacer con 47 millones de españoles y por las buenas. La pregunta no es sólo si es legal sino si es proporcional y no hay otra medida que pueda generar el mismo efecto sin limitación de los derechos. Saber si es indispensable y si se podía lograr lo mismo con otro mecanismo. El Gobierno se salta el test de constitucionalidad y de proporcionalidad de manera muy alegre.

–¿Es factible el desconfinamiento por autonomías?

–El estado de alarma señala que se establece en todo o en parte del territorio nacional, según el artículo 4, por lo que se podría derogar en parte. Se puede establecer una especie de control de movilidad intercomunitaria. Dudo que el Gobierno quiera hacerlo.

–¿La sociedad está a la espera, como si asumiera que es la situación que hora toca?

–España es un país donde los estándares de derechos y libertades son de los más elevados del mundo. Comparativamente altos y en cambio sufrimos la limitación de derechos más amplia. La reacción social ha tardado mucho en aparecer y entre determinados sectores académicos y jurídicos. Alguno empieza a decir que hay cosas indefendibles pero hay miedo entre la comunidad académica.

Partiendo de que yo no era partidario de una confinación tan extrema, aunque es bastante improbable no llevarla a cabo, visto que ni los ingleses han tenido huevos de ir para alante con su primera idea, porque iba a morir mucha gente, el tío este será Catedrático pero es un espabilao arrimando el ascua a su sardina.

Habla de suprimir la libertad de voto. Pues como en Francia, no te jode, cuna de las libertades democraticas, que suspendió la segunda vuelta de las elecciones municipales.

También nombra lo de la libertad de culto. Pues está igual de suspendida en España que en Ciudad del Vaticano que es un estado donde creo que la religión tiene un papel importante.

Y luego, mucho llenarse antes la boca con las medidas de países como Corea y China contra el coronavirus y ahora nos quejamos de la mierda esa de la geolocalización, que es lo que han hecho allí.

En lo de ir saliendo del Estado de alarma por autonomias no me queda clara su postura. Yo creo que sería lo logico con algunas medidas de movilidad entre ellas.
Pero supongo que si lo hacen, empezaremos con el rollo de las desigualdades que lleva consigo el Estado Autonomico y bla, bla, bla.

Vamos, como la gata Flora.

Saludos.

[abraxas]

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[abraxas]

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[Mario Alberto]

[bbvideo=560,315][/bbvideo]

[lFran]

España ha sido el peor país del mundo en responder al coronavirus, según un estudio independiente

https://www.vozpopuli.com/espana/espana ... 66591.html

El estudio lo ha hecho una asociación australiana. Fachas seguro.

[Hediondo]

[bbvideo=560,315][/bbvideo]

Menos Resistiré y mas Bolillón!!! Que grandes!!

[ATV]

El estudio lo ha hecho una asociación australiana. Fachas seguro.

Putos canguros fachas. ¿Es que no saben que la culpa es de Franco? Bueno, de Franco y de Rajoy, que salió a dar un paseo, dijeron en la Secta.