No hay mas ciego que el que no quiere ver...KILU escribió:
Si con todo lo que hay en la CV aun no te quieres enterar, es que eres mucho mas tonto de lo que me pensaba.
Y si quieres te pongo listas de Andalucia, Madrid, Castilla Leon...
No hay mas ciego que el que no quiere ver...KILU escribió:
El vocal del Poder Judicial José Manuel Gómez Benítez denunció ayer ante la Fiscalía General del Estado a Carlos Dívar, presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, por considerar que ha podido cometer un delito de malversación de caudales públicos al cargar a los presupuestos de este último organismo gastos de viajes privados, siempre coincidiendo con fines de semana, muchos de ellos ampliados a cuatro días, en hoteles de lujo de Puerto Banús (Marbella, Málaga) y restaurantes caros.
El citado vocal, que ya propuso hace varias semanas un plan de austeridad para evitar despilfarros del organismo en los viajes, presentó ayer un escrito ante el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, en el que explica que el presidente Carlos Dívar endosó al Consejo las facturas de al menos seis viajes no oficiales, todos ellos realizados en fines de semana entre septiembre de 2010 y noviembre de 2011 por importe de 5.658,88 euros y todos con el mismo destino: uno de los hoteles de lujo de Puerto Banús.
Gómez Benítez recuerda en su denuncia que el presidente Dívar “no tiene su domicilio en Málaga, sino en Madrid, y no consta en los expedientes [cuyos datos ha puesto a disposición de la Fiscalía] actividad oficial alguna que los motive, y que estas actividades no suelen tener lugar los fines de semana”.
Señala también Gómez Benítez que los gastos de desplazamiento, alojamiento y manutención de los escoltas del presidente del Consejo General del Poder Judicial (entre cinco y siete agentes) por estos viajes ascendieron a 26.741,85 euros y que, aunque “deben legalmente ser cargados al presupuesto del Consejo, se incluyen en el escrito porque son indicativos del gran costo que estos desplazamientos de fines de semana con tan elevado número de escoltas suponen para la Hacienda Pública”.
El escrito de Gómez Benítez precisa que la denuncia presentada ante la Fiscalía General del Estado solo abarca a estos seis viajes, no porque no haya más desplazamientos de fin de semana a la ciudad de Marbella entre septiembre de 2008 y septiembre de 2010 y posteriores a noviembre de 2011, sino porque, a pesar de que el vocal solicitó formalmente a los órganos del Consejo la documentación correspondiente, todavía no le ha sido proporcionada.
Si el fiscal general del Estado considera que los hechos denunciados son constitutivos de delito, deberá presentar una querella ante la Sala Segunda del Supremo, que es la competente para instruir un proceso contra el presidente del propio Supremo y del Consejo del Poder Judicial.
Los hechos descritos podrían constituir un delito del artículo 433 del Código Penal, que sanciona con multa de 6 a 12 meses y suspensión de empleo o cargo público entre 6 meses y 3 años a la autoridad que destinare a usos ajenos a la función pública los caudales o efectos puestos a su cargo por razón de sus funciones.
Los viajes a los que hace referencia la denuncia se efectuaron entre abril de 2010 y noviembre de 2011. Las estancias lo son por al menos cuatro días, esos amplios fines de semana que en el Consejo del Poder Judicial se conocen ya como “semana caribeña” y alguno de sus vocales ya ha denunciado antes.
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Además, llama la atención que aunque Carlos Dívar se desplaza en AVE, clase club, de Madrid a Málaga y de nuevo regreso a Madrid, luego llega a emplear en su séquito hasta tres coches oficiales en Marbella, que obviamente se habían desplazado previamente por carretera.
También es muy llamativo que prácticamente todas las noches durante esos fines de semana, Dívar tiene cenas protocolarias o de representación y que siempre son únicamente para dos personas en restaurantes de lujo.
Aunque desde Presidencia se incorporó al expediente una nota con los supuestos motivos de los viajes, Gómez Benítez señala en el escrito que tanto la nota como los justificantes de esos gastos han sido retirados.
El vocal hace constar que “tan solo la imposición de la Cruz de San Raimundo de Peñafort al entonces presidente de la Audiencia de Málaga, que tuvo lugar el viernes 25 de marzo de 2011, y la III Ronda de Talleres de la Cumbre Judicial Iberoamericana, que inauguró el presidente el lunes 14 de noviembre de 2011, responden a actos oficiales acreditados. Las Jornadas Jurídicas Malacitanas, que tuvieron lugar el jueves y viernes 10 y 11 de noviembre, son un evento privado, cuyos gastos fueron costeados, según consta en la nota, por la entidad patrocinadora”.
Este periódico preguntó a Gómez Benítez la razón de que presentase ahora esta denuncia. “Lo he puesto en conocimiento del fiscal general del Estado porque tengo la obligación legal de hacerlo”, respondió. “Y no quiero que nadie sospeche que estoy encubriendo este tipo de conductas una vez que se sabe que tengo conocimiento de las mismas”, precisó.
El vocal aseguró: “En mi denuncia hay datos que ponen de relieve conductas más propias de personajes de una monarquía bananera que de un país moderno que se encuentra además en serias dificultades económicas”.
Ahora, la función de investigación le corresponde al fiscal general del Estado y él deberá decidir si los indicios son suficientes para iniciar una causa penal. El caso podría llegar a provocar el cese de Dívar, bien por renuncia o por decisión de tres quintos de los miembros del Consejo.
Gómez Benítez es vocal del Poder Judicial elegido a propuesta del PSOE. Dívar es presidente del Consejo y del Supremo a propuesta del Gobierno socialista que presidía José Luis Rodríguez Zapatero previo acuerdo con el Partido Popular.
El cese de un presidente del Supremo y del Poder Judicial se puede producir, según establece el artículo 126 de la ley que regula el funcionamiento de este organismo, “a propuesta del pleno del Consejo, por causa de notoria incapacidad, o incumplimiento grave de los deberes del cargo, apreciada por tres quintos de sus miembros”.
Si es que son todos iguales ...Gartenzwerg escribió:Venga picapleitos, que este es de los tuyos:
Un vocal del Poder Judicial denuncia al presidente del Supremo por malversación
Triste, pero cierto :PKILU escribió: Si es que son todos iguales ...
Esos Pactos los hacen todos los partidos.Yo te doy......tu me das.Lo malo es cuando sale a luz pública y hay sonrojos hipócritas.No lo justifico,es mas,me parece deleznable.Dicen que la Politica trae extraños compañeros de cama y joder,cuando hay dinero y amiguismos por medio,como si son travelos.KILU escribió: No, lo que de verdad tiene cojones es que un partido tan rerojo, tan reprogre y tan izquierdoso como IU exija, para llegar a un acuerdo de no se qué, que se coloquen a casi 45 afiliados y amiguetes en entidades públicas, que exija un crédito de 600.000 sin avalar, 1 consejo de administración, 300.000 euros para subvenciones y todo ello firmardo en un único documento que los propios de IU custodiarían.
CHEJOV escribió:Gartenzwerg;eso es la Política y una baza que se guarda para cuando la ocasión lo requiera,por ejemplo........esa.
El ya nuevo presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, propondrá a los consejos de administración del grupo la entrada del Estado en el capital de la matriz de la entidad, Banco Financiero y de Ahorro (BFA), según han informado en fuentes financieras. La operación, impulsada por el Gobierno, se realizará a través de la conversión de la ayuda de 4.465 millones de euros que la entidad recibió del primer Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) en acciones, con lo que el Estado pasará a controlar tanto BFA como la propia Bankia, la cuarta entidad del país con más de 10 millones de clientes y 340.000 millones en activos.
BFA está controlada al 100% por Caja Madrid, Bancaja y las otras cinco cajas de ahorros que formaron parte en la fusión. Esta entidad, que de momento es el mayor accionista de Bankia con el 45,3% de su capital, es el banco malo donde se acumulan los activos inmobiliarios del grupo y, según los planes que maneja el Banco de España y el Gobierno, podría necesitar entre 7.000 y 10.000 millones para limpiar el ladrillo.
Tras la conversión de la ayuda del FROB, este organismo, dependiente del Banco de España, controlará el 56% de BFA. Sin embargo, el Estado podría llegar a alcanzar el 100% si el capital actual de la matriz de Bankia se destina a provisiones, algo a lo que podría verse forzada para cumplir con los mínimos de capital exigidos por el Gobierno para reforzar la cobertura de los activos problemáticos.
La propuesta de Goirigolzarri, cuyo nombramiento como sustituto de Rodrigo Rato ha sido ratificada hoy por el consejo de administración de Bankia y será votada también esta tarde por el de BFA, primero debe lograr el apoyo de los consejeros en estas dos reuniones. A partir de ahí, el grupo tiene que comunicárselo al FROB, que de aprobarlo debe a su vez informar a Bruselas para ponerlo en marcha. Desde el Ejecutivo, fuentes del Ministerio de Economía han señalado que están a la espera de ver cuál es la decisión que toman los consejos de la entidad y declinan comentar hasta entonces la decisión de Goirigolzarri.
La nacionalización parcial de Bankia, de llevarse a cabo, supondrá ampliar a cuatro las entidades financieras bajo tutela del Estado, bien porque han sido intervenidas o porque el Estado ha tomado el control del máximo de su capital: Banco de Valencia, Novagaliciacaixa y CatalunyaBanc. Todas ellas están en proceso de adjudicación. Con Bankia, además, ya son siete entidades las que han acabado sucumbiendo a los envites de la crisis y han tenido que ser rescatadas por el Estado. Además de las mencionadas, desde 2008 han caído CCM, Cajasur, CAM y Unnim. Tras un proceso de saneamiento han pasado a caer en manos de Cajastur (Liberbank), BBK, Sabadell y BBVA.
La entrada del Estado en BFA dará toda la libertad al nuevo presidente para nombrar un nuevo consejo diferente al actual, en el que los políticos y representantes sindicales son mayoría. Además, la opción de convertir la ayuda del FROB en capital y que el Estado pase a tomar el control del banco malo de Bankia evita tener que poner más dinero público para sanear la entidad.
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El relevo de Rato, una salida forzada por el Gobierno, y la puesta en marcha del plan de saneamiento de Bankia se ha acelerado en los últimos días después de la negativa de los auditores de firmar las cuentas de 2011 que situaban el capital de BFA en 3.500 millones. El rechazo de Deloitte, que llevaba varios años supervisando los resultados del grupo, fue debido al hallazgo de un importante desfase entre lo que BFA decía que valía y su situación real. Este déficit patrimonial debe ser cubierto lo antes posible para seguir funcionando.
Con su planteamiento de dar entrada al Estado en el capital de BFA, Goirigolzarri asume las tesis de Deloitte de que la matriz de Bankia tiene un capital inferior a lo que afirmaba en sus cuentas y urge cubrir este agujero, para lo que contará con los 4.465 millones del FROB.
Desde el punto de vista del Estado, la conversión del crédito del fondo en acciones supone que un capital que computaba como deuda pública puede acabar también contando para calcular el déficit si, a cierre de año, la Administración no ha recuperado su dinero. Este extremo podría lastrar aun más los esfuerzos del Ejecutivo para reducir el déficit junto a un entorno de recesión y auge persistente del paro. Con la operación, de su lado, Bankia no tendrá que seguir abonando los intereses del 7,75% que pagaba por la ayuda.
El nuevo presidente cuenta para llevar a cabo el saneamiento con todo el apoyo del Gobierno, tal y como reiteró ayer el propio Ministerio de Economía a través del comunicado en el que lanzó un mensaje de tranquilidad a los clientes sobre la solvencia de Bankia. Aunque Goirigolzarri fue propuesto oficalmente por Rato, el ex consejero delegado del BBVA ha sido desde el principio la opción preferida por el Ejecutivo para tomar las riendas de una entidad que está taponando la estrategia de salida de la crisis para el conjunto del país.
Otra vuelta de tuerca para el sector
Abriendo el foco, la reestructuración del conjunto del sector vivirá otro episodio clave el próximo viernes, día para el que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha anunciado un nuevo decreto para dar otra vuelta de tuerca con vistas a concluir la reestructuración del sistema financiero español. En esta segunda reforma, el Ejecutivo elevará las provisiones que exigirá a las entidades para garantizar su viabilidad tal y como avanzó ayer el líder del PP y, por otra parte, posiblemente pondrá en marcha una sociedad inmobiliaria.
La decisión del Gobierno, una medida forzada por la creciente desconfianza sobre el sector financiero español, de revisar la reestructuración del sector supone un nuevo paso atrás en las promesas del Ejecutivo. El ministro del ramo, Luis de Guindos, todavía defendía el pasado 21 de abril que no iba a haber dinero público para que la banca sanease sus activos inmobiliarios y que tampoco pondría en marcha un banco malo o una entidad similar para ello. “Voy a ser claro y diáfano. Las entidades tendrán que ajustar la valoración de activos inmobiliarios en los balances. Y en ese proceso no habrá ningún tipo de ayuda pública”, afirmó el ministro desde Washington.
A lo largo de todo el proceso de reestructuración, iniciado con el anterior Gobierno socialista, el Estado ha respaldado al sector con 81.000 millones en avales, de los que 28.500 millones corresponden precisamente a Bankia. También ha inyectado 19.300 millones a través de la compra de activos, otros 14.360 millones con el FROB y ha asumido pérdidas de 400 millones en el caso de Cajasur.
La cosa mejora...rourevalencià escribió:Ens consulten i tal icon_wee
ací;
http://www.vicepresidencia.gva.es/ca/tu-participas
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